Procuraduría pidió a la comunidad educativa evitar delitos contra menores de edad
El Procurador Regional, Nelson Flórez Alarcón, hizo un llamado a los padres de familia y representantes para que denuncien los posibles casos de abuso y maltrato de menores al interior de las instituciones educativas.
Así lo dio a conocer durante una reunión con rectores, directivos docentes y los integrantes del equipo de inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación Departamental.
El funcionario dijo que el 90 por ciento de las denuncias por maltrato a estudiantes son archivadas por falta de pruebas, pero se requiere que profesores, rectores y padres de familia empiecen a revisar y adaptar los manuales de convivencia escolar para que las normas contempladas no estén en contravía de los derechos de niños, niñas y la Constitución.
“Hemos dicho que hay una necesidad de adaptar a la Constitución y la ley los manuales de convivencia, porque se han encontrado fallas que lesionan el ordenamiento superior y el debido proceso, la dignidad y la garantía del derecho a la educación. En eso hay que aunar esfuerzos para evitar fallas protuberantes que atentan contra la integridad de la política educativa”, según Flórez Alarcón. .
El segundo tema que llamó la atención del Procurador Regional tiene que ver con los posibles casos de abuso, violencia o actos abusivos sexuales contra los estudiantes, en donde señaló que se debe tener un manejo técnico, casi científico para evitar la revictimización de los agredidos, al someterlos a sesiones testimoniales para que repitan tres y cuatro veces la agresión recibida. Esos casos deben ser tratados por las unidades especializadas que han sido determinadas por la ley.
Llamó la atención y pidió la colaboración de los directivos docentes frente a las denuncias de acoso laboral, actos que son relativamente nuevos punitivamente hablando y han sido motivo de controversias entre rectores, directores y profesores. “Lo que hemos encontrado es que cualquier tipo de inconveniente se ha convertido en una reiterada manía de formular quejas donde no las hay. Los acosos laborales tienen que ver con persecuciones reiteradas y demostrables que atenten contra las condiciones laborales de las personas y por eso hemos dicho que de ahora en adelante y con el dolor del alma tendremos que utilizar la figura del quejoso temerario”.
El Procurador dijo que muchos casos se resuelven con el diálogo, sin necesidad de activar la justicia por una queja sin fundamento, generando gastos que la sociedad debe asumir por el simple capricho de una persona.
“Pagar un funcionario y ponerlo a investigar una queja es un gasto enorme que no tiene sentido, porque desde que se iniciaron esos procesos no existe un solo hecho que haya sido sancionado”.
La Secretaria de Educación Departamental, Sandra Sulay Fuentes Duran, dijo respecto a las inquietudes presentadas por el Procurador, que su compromiso es fundamentar plenamente los posibles casos que se presenten en cada una de esas tres problemáticas, para evitar las quejas sin fundamento, que entorpezcan el pronto accionar de la justicia.
“El equipo de inspección y vigilancia está atento a esos casos, muchos de los cuales se han resuelto mediante el diálogo, y otros, respetando el debido proceso han sido sometidos a complejos procesos. Nosotros estamos trabajando para certificarnos y eso incluye mejorar en todos los sentidos”, dijo para finalizar Sandra Sulay Fuentes.